El aparato de Estado no solamente contribuye en gran medida a su propia reproducción (…) sino también, y sobre todo, asegura mediante la represión (desde la fuerza física más brutal hasta las más simples ordenanzas y prohibiciones administrativas, la censura abierta o tácita, etc.) las condiciones políticas de la actuación de los aparatos ideológicos de Estado.
Louis Althusser
El día jueves 23 de septiembre de 2010, a las 16:15 hs. en la Sede Nº 14 perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) -donde funciona el Centro Universitario Devoto (CUD)- que está situada dentro del establecimiento de detención denominado Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad autónoma de Buenos Aires (ex Unidad Nº 2 “Devoto”), un pelotón de la Guardia Armada del Servicio Penitenciario Federal (SPF), bomberos, perros y personas “no identificadas” irrumpieron intempestivamente, en virtud de una orden de allanamiento pedida por el Sr. Fiscal Claudio Oviedo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 de Morón, el operativo –según el fiscal- fue el desenlace de una investigación iniciada el 16 de agosto pasado cuando una mujer de 60 años fue detenida en el partido de Morón, cuando se disponía a cobrar el rescate de un falso secuestro.
En ese momento, se estaba dictando una clase de la Carrera de Sociología e irrumpieron en el aula varios guardias armados con escudos y cascos, a los gritos y ordenándoles de mala manera, que se pusieron contra la pared. Los alumnos que estaban asistiendo a la clase, en protección del profesor, pidieron que no fuera maltratado y que pudiera salir del C.U.D y así fue logrado. No hubo ninguna resistencia al procedimiento. Ahora bien, este atropello del que fue testigo un profesor, se reproduce a diario por parte del SPF hacia la población carcelaria en general y en particular contra los alumnos que asisten a cursar las seis carreras y los cursos extracurriculares.
El CUD, tiene 25 años de existencia y de resistencia; un lugar en el subsuelo de la cárcel para poder pensar, estudiar, y construir nuevas herramientas, que nos permitan una oportunidad en el afuera.
La ley de educación superior Nº 24.521 en su artículo 31 refiere: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
En este Centro Universitario funciona el Programa UBA XXII “Educación en cárceles”, cuyo Director es el Dr. Leandro Halperin. El programa depende directamente del rectorado, nadie de la UBA fue citado, ni avisado, sin embargo desde el mediodía fueron convocados los medios de comunicación a presenciar el allanamiento…
Ciertos medios instalan día a día el miedo en las subjetividades de la ciudadanía como un elemento importante en la ecuación de un oscuro razonamiento, de la prejuiciosa representación social que conforma el sentido común.
La realidad cotidiana de Buenos Aires y otros centros urbanos importantes de Argentina tiene, sí, hechos delictivos. No hay sociedad que no los sufra. Pero una percepción de esa realidad, extremada hasta la paranoia por la maliciosa saturación de la pantalla con hechos de sangre, es la que habilita una falsa conciencia de lo real, que a su vez será el sustento para el reclamo por leyes más duras y para legitimación social de prácticas represivas.
Así, en 2004 el manejo irresponsable de la información sumado al oportunismo de los sectores más conservadores y reaccionarios de la clase política logró que el Congreso de la Nación aprobara la llamada Ley Blumberg, la más aberrante reforma al Código Penal de toda la historia argentina. Esta Ley, que se aprobó en tiempo récord, prácticamente sin debate parlamentario y desoyendo la opinión de los más reconocidos juristas, significó un retroceso feroz en el estado de Derecho, contradiciendo a Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país y a la misma Constitución Nacional.
Los medios instalan la idea de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Mientras tanto, en Pcia de Bs. As. Hay 30.000 presos, más del 70% está procesado –sin condena–, más del 60% son jóvenes. La gran mayoría, pobres.
En este contexto algunos medios de difusión y sectores de la clase política siguen reclamando tolerancia cero, penas más altas, prisión para niños y la construcción de más cárceles. Medidas que, en este y otros países sólo vienen dando como resultado más casos de gatillo fácil, corrupción y muerte dentro y fuera de las prisiones, y enormes negociados en la construcción de unidades penitenciarias.
Pero debemos llamar la atención sobre los efectos que hoy mismo la campaña mediática que construye la sensación de inseguridad ejerce:
Sobre la sociedad:
- Discriminación por portación de rostro o nacionalidad.
- Criminalización de la pobreza y de la protesta social.
- Demonización de la protesta estudiantil de parte del gobierno macrista.
En el Poder Judicial:
- Generalización de un criterio salvaje e inconstitucional en el dictado de Prisiones Preventivas basado en meras presunciones.
- Negativa sistemática de excarcelaciones.
- Hacinamiento y violación sistemática de derechos humanos elementales en las prisiones, avalados por los jueces sin control de la sociedad civil.
- Condenas excesivas y con pruebas insuficientes.
- Restricción ilegal a salidas laborales y transitorias y a arrestos domiciliarios.
Estos mismos sectores hoy embisten contra el Programa UBA XXII (Educación Universitaria en la cárcel), contra nuestros docentes y contra nuestro centro de estudiantes, el GUD: En las últimas semanas hemos sufrido dos allanamientos. Uno en el pabellón donde estamos alojados los estudiantes universitarios, otro en las aulas de nuestro Centro Universitario, en momentos en que se encontraban dictando clases dos docentes (Carreras de Derecho y Sociología). Bajo el pretexto de una investigación judicial se intentó relacionar nuestras actividades académicas con algún hecho delictivo, a fin de desprestigiarnos y aislarnos en una nueva tentativa de lograr la liquidación de este proyecto autogestivo que ya lleva 25 años de existencia.
Contra esta agresión al CUD, al Programa UBA XXII y a sus docentes y estudiantes exigimos la plena vigencia del estado de derecho y el cese del estado policial en el ámbito de la Educación Universitaria intramuros, tanto en el CUD (Centro Universitario Devoto) como en el CUE (Centro Universitario Ezeiza).
Por entender que esta situación reviste gravedad institucional solicitamos la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que así lo garantice.
Requerimos el pronunciamiento público.
Agradecemos el apoyo y la solidaridad de:
- Dirección del Programa UBA XXII.
- Procuración Penitenciaria.
- FUBA
- Cuerpo docente y Carreras que dictan clases en el CUD[8].
- Rectorado UBA.
GRUPO UNIVERSITARIO DEVOTO
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